La piratería electrónica es reconocida como uno de los problemas más graves de internet y tanto productores de contenido, como legisladores y expertos en el tema coinciden en la necesidad de crear herramientas legales para la ciberseguridad.
Sin embargo, otros consideran que la ley es demasiado extensa y pondría en riesgo el comercio legítimo en la web, limitaría la creación de nuevos sitios y amenazaría la libertad de expresión.
La polémica legislación tiene dos versiones: una elaborada en el Senado y titulada Protección a la Propiedad Intelectual (Protect IP, en inglés); y otra elaborada en la Cámara de Representantes, que se conoce como el Acta para Frenar la Piratería Online (SOPA, por sus siglas en inglés).
Aunque ambas abordan las verdaderas amenazas que existen en el ciberespacio, la ley que se estudia en la Cámara baja es más drástica por las medidas que propone para controlar la piratería.
Además, la ley contempla que las empresas proveedoras de internet estarían obligadas a cerrar los sitios que puedan tener contenido sospechoso con solo una queja de los dueños del contenido. Así, un motor de búsqueda como Google o Yahoo tendría que esconder el sitio, anunciarlo como no existente, sin previo aviso y sin la necesidad de una orden judicial.
La ley bien podría aprobarse rápidamente, sin modificación alguna ya que los usuarios no están al tanto de sus alcances y no ofrecieron una oposición pública organizada.