La titular de Cultura ha explicado que la decisión final del cierre de webs la tomará un juez para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales como es la libertad de expresión.
Sinde ha insistido en que el objetivo de la medida no es «perseguir» al usuario, «sino fomentar un mercado legal competitivo, que permita un acceso a la cultura moderno y contemporáneo».
La ministra calcula que serán tres meses, el plazo estimado de consultas, para que los organismos preceptivos puedan pronunciarse respecto al contenido de este texto, que también debe de pasar por el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y la Comisión Europea. «No se pueden acelerar estos pasos«, ha alegado la ministra. En esta misma línea, señala que la ley ha buscado la defensa de todas las partes y subraya que en varios momentos del proceso pueden ser retirados los contenidos para que se archive el expediente.
«Pero el juez decide si procede o no de bloquear ese contenido, y ese contenido podrá ser accesible, a lo mejor, desde otro país», ha explicado la ministra.
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