La Ley de Costas de España, es la normativa que rige la determinación, utilización y protección del dominio público marítimo-terrestre con especial énfasis en la ribera marítima. Denominada legalmente como Ley de Costas 22/1988; fue reformada con la formulación de la Ley 2/2013; y plantea la suma de esfuerzos en establecer una relación favorable entre la actividad económica y la protección de la calidad del medio ambiente es estas zonas.
Con la disminución de la franja de servidumbre de protección de los antiguos 100 metros a 20 metros; la reforma 2/2013; busca potenciar la actividad comercial en las zonas aledañas al litoral y al mismo tiempo iniciar la regularización de miles de casas declaradas como construcciones ilegales por la aplicación de la normativa anterior.
La Ley de Costas persigue cuatro objetivos principales que se resumen en:
● el deslinde del dominio público marítimo-terrestre; es decir, delimitar los terrenos considerados como dominio público de aquellos que pueden ser adquiridos por particulares.
● Garantizar el uso del dominio público marítimo-terrestre incluyendo el mar y la ribera; disponiendo de áreas de acceso público y gratuito para el disfrute del mar y la ribera
● Velar por el uso racional de estos bienes acorde a su naturaleza y con respeto al patrimonio histórico, paisaje y medio ambiente.
● Obtener y velar el mantenimiento de la calidad del agua y de la ribera marítima.
Las acciones de deslinde del dominio público que afectó y que aún pesa sobre algunas propiedades; son un tema de interés en esta nueva Ley de Costas; por cuanto sus partidarios sugieren la compensación para los propietarios que fueron desalojados y sus construcciones que pasaron a manos del Estado fueron en muchos casos demolidas. Aunque en la práctica, al determinar que una construcción se encontraba en territorio de dominio público, no se ejecutaba desalojo alguno; sino que al propietario se le emitía una concesión de uso del territorio por treinta años; periodo que era prorrogable y además la concesión era heredable; por lo que la mayoría de recursos de solicitud de compensación resultaron infructuosos.
A pesar de lo que pareciera ser buenas noticias para algunos, muchas organizaciones ecologistas no están muy de acuerdo con la reforma; ya que reafirman el carácter mercantilista que se da sobre unos recursos que ya han sido dañados severamente ante la falta de normativas y regulaciones claras. El éxito en el propósito de esta Ley de Costas, dependerá en gran medida del rol proteccionista que pueda asumir el Gobierno Español.