Ya ha salido a la luz el borrador del Real Decreto que regulará la ley antidescargas, más conocido como la Ley Sinde que tanto revuelo a causado en el mundo de Internet y en la cultura en general.
El proceso que debería seguirse para cerrar una web sería el siguiente:
- Se presenta una denuncia ante la Comisión y desde que el propietario del sitio web dispone de 48 horas para retirar los contenidos denunciados, o retirar la web en cuestión. Si el usuario accede se archivaría el caso, a no ser que volviera a repetirse dicha violación y se volviera a reactivar. Si el usuario no accede pasaría al siguiente punto.
- Una vez transcurridas las 48 horas el órgano encargado de la supervisión recabaría las pruebas necesarias que serán enviadas tanto al denunciante como al denunciado y tendrán un periodo de 5 días para poder presentar las alegaciones pertinentes.
- Tras recibir las pruebas o alegaciones necesarias en un plazo de 3 días la comisión dictará la validez o no de la denuncia. Si esta es admitida el propietario de la web tendrá 24 horas para retirar los contenidos en cuestión y sino lo hace el caso pasará al Juzgado de lo contencioso-administrativo.
Es un proceso bastante rápido y ágil que en cuestión de dos semanas podría estar resuelto. Sin embargo, el Ministerio de Cultura para no quedarse corto ni perezoso se ha guardado algunos ases en la manga respecto a la ley como pueden ser:
- Los 3 responsables que formarán la Comisión de Propiedad Intelectual no serán sometidos al congreso, serán elegidos por decirlo de alguna manera a dedo y supuestamente serán expertos en la materia.
- Las webs que podrán ser cerradas no solo engloban a las que están dentro de España o dentro de la Union Europea sino que además podrán cerrar webs cuyos servidores estén alojadas en el extranjero.Para ello solicitarían a la Audiencia Nacional que obligue a los ISP o más conocidos como proveedores de Internet que beten el acceso a dichos contenidos para todos los usuarios del Estado.
Después de analizar por encima las medidas que englobaría el real decreto parece que nuestros políticos quieren que vivamos en un estado como puede ser China y su total control sobre Internet, cerrando a diestro y siniestro lo que se les antoja, hoy son los contenidos ilegales, mañana otro gallo cantará. Aun así como se suele decir, hecha la ley hecha la trampa y es que no podrán evitar el uso de proxys o de que resuciten de las cenizas servicios como Emule.
Se calcula que la ley podría estar en funcionamiento a principios de septiembre de este año y que en noviembre se empezarían a dictar las primeras sentencias, solo queda ver como avanza este asunto y a quienes eligen como representantes de los ciudadanos en dicha comisión.